Ha pasado ya casi 6 meses desde que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ordenó a la población a cumplir una cuarentena social tras confirmarse que el coronavirus conocido como COVID-19 comenzó a esparcirse en el país. Cuando se supo del primer caso en Brasil y luego en Colombia, países fronterizos con Venezuela, se sabía el riesgo latente que corría la nación de volver a enfrentar otra epidemia.
La preocupación de los venezolanos se incrementó al tener en cuenta la crisis sanitaria que atraviesa el país: desde un déficit de camas y fallas de infraestructura en sus hospitales públicos, un acceso poco eficiente e irregular a insumos médicos y medicinas hasta el reducido número de médicos y enfermeras que han dejado de trabajar por los bajos salarios que ofrece una economía marcada por la hiperinflación y la recesión.
Venezuela enfrenta una nueva pandemia mientras que otras enfermedades, eliminadas en el pasado, se vuelven a propagar en el territorio, como la malaria, la difteria y el sarampión. Las dos últimas infecciones volvieron porque el Estado no pudo mantener en óptimas condiciones las coberturas de vacunación en más del 95% de todo el país, como lo ha denunciado ampliamente la Sociedad Venezolana de Salud Pública y como quedó asentado en un informe que se presentó en 2018 ante el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La incidencia de estas enfermedades, y otras de notificación obligatoria, aumentan en medio de lo que se ha bautizado como “silencio epidemiológico”, que hace referencia al ocultamiento, ya desde hace dos años, del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, que ha impedido, entre otras cosas, que el personal de salud tome decisiones para prevenir que la población enferme.
Descrito así el panorama de la salud pública en Venezuela, que despertó la preocupación incluso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el clamor compartido por los venezolanos se resume en la siguiente afirmación: se asume que el problema no es enfermar, sino conseguir atención adecuada en la red de salud pública.
Apalancados en esta premisa, el confinamiento colectivo, descrito como una de las medidas de prevención y contención más efectivas para detener el avance de COVID-19, se ha cumplido en 90%; al menos esa es la estimación de la que hacen eco los funcionarios que conforman la Comisión Presidencial, en quienes recae la vocería de todo lo relacionado con la enfermedad provocada por un nuevo coronavirus. Irónicamente, el Ministerio de Salud, como ente rector de las políticas sanitarias, no ha tenido voz en las alocuciones públicas, aunque su representante, Carlos Alvarado, participa en las reuniones.
El 13 de marzo, la vicepresidente Delcy Rodríguez confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, que habían llegado en un vuelo de Europa. Ambos, según la versión oficial, son procedentes del estado de Miranda. Días después, Maduro decretó el Estado de Alarma, figura de Estado de Excepción contemplada en la Constitución Nacional, para atender la epidemia. En esta medida se ampara la cuarentena social. Mantener las calles y avenidas del país prácticamente vacías ahora es una responsabilidad que pesa también sobre funcionarios policiales y militares.
Las contradicciones no solo quedan en las medidas de prevención. Los datos de nuevos casos ofrecidos por el Estado carecen de información técnica. Hasta ahora, de acuerdo con el último parte oficial, el país acumuló 47,756 casos de COVID-19 confirmados. El foco de la epidemia se mantiene en el Distrito capital donde hay 5290 casos confirmados.
Debido a esto el estado tiene a disposición distintas líneas telefónicas para que los ciudadanos despejen sus dudas y reciban orientación en caso de presentar síntomas o haber estado expuestos a un paciente con COVID-19.
Dos principales manejaos por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud:
0800-VIGILAN (844 45 26)
0800-COVID19 (268 43 19)
Así como también la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas:
0416 622 42 34
Otra línea de asistencia disponible es la de la Gobernación del estado Miranda:
0800-MIRANDA (647 26 32)
Las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo, en el Área Metropolitana de Caracas, ofrecen guía con su servicio de Telemedicina:
0212 822 12 62
Así mismo, la gobernación publicó una lista de centros de salud disponibles para atender casos sospechosos del COVID-19 en cada uno de sus municipios:
- Los Teques: Hospital Victorino Santaella, Maternidad de Carrizal, CDI Padre Cabrera y CDI Terminal.
- Carrizal: CDI Llano Alto.
- San Antonio de los Altos: CDI Los Helechos.
- Santa Teresa del Tuy y Cartanal: CDI Cartanal.
- Ocumare del Tuy: Hospital Simón Bolívar y CDI San Basilio.
- Cúa: CDI Transporte y Hospital Osío.
- Charallave: CDI Mamá Pancha. Santa Lucía: CDI Macuto.
- Guarenas: CDI Oropeza Castillo.
- Guatire: Hospital Eugenio D’Bellard y CDI El Ingenio.
- Caucagua: CDI Caucagua.
- Río Chico: CDI El Guapo.
- San José de Barlovento: CDI Santa Eduvigis.
- Cúpira: CDI La Loma.
- Higuerote: Hospital de Higuerote y CDI Higuerote.
- Mamporal: CDI Mamporal.
- Baruta: CDI Hoyo de la Puerta.
- El Hatillo: CDI El Calvario.
- Sucre: Hospital Domingo Luciani, Hospital Pérez de León II, CDI Río de Janeiro, CDI Palo Verde y CDI Cementerio de Petare.
- Yare: CDI Yare.